La Iniciativa tiene por objeto honrar lo establecido en los artículos 287 y 288 de la Constitución Política sobre la autonomía de las entidades territoriales y la garantía de establecer una reglamentación que propenda por un ordenamiento del territorio con una lógica de desarrollo productivo y competitivo, tendiente a lograr cierres de brechas y la definición de competencias entre los distintos niveles de gobierno con criterios de competitividad, coordinación y eficiencia.