Con la expedición de la Ley 1937 de septiembre 06 de 2018, se concedió autorización para transformar a la Fundación Universitaria  del Trópico Americano UNITRÓPICO, en un ente universitario; se menciona en esta ley que se le otorgan las herramientas necesarias al Ministerio de Educación Nacional, al Departamento de Casanare, y a la Asamblea Departamental, para su transformación; sin embargo, se ha venido generando una serie de inconvenientes relacionados con los requisitos en temas administrativos, legales y de presupuesto que permitan su transformación en Universidad Pública. Aunado a lo anterior, es de resaltar que la Sentencia C-051 de 2018, establece y exige que para  la eventual  transformación de UNITRÓPICO en un ente universitario público a la luz del artículo  59 de la Ley 30 de 1992 la Nación, se entiende, con intervención del Ministerio de Hacienda, deberá celebrar un convenio con la entidad territorial respectiva, en el que se establezca el monto de aportes permanentes de una y otra, convenio que formará parte del estudio de factibilidad requerido

Directivos de UNITRÓPICO, Integrantes de la Comisión de Educación de la Asamblea Departamental de Casanare, Gobernador de Casanare, Representantes de la Veeduría UNITRÓPICO Pro Universidad Pública, Representantes Estudiantiles, Egresados y Docentes UNITRÓPICO

expongan  todo lo relacionado con el informe de gestión de la Cartera a su cargo, ejecución presupuestal durante la vigencia 2019,  presupuesto  del sector para el año 2020, políticas implementadas  en cobertura de servicios de agua potable y saneamiento básico en la Región Caribe

Procurador General de la Nación, Dr. FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, al Contralor General de la República, Dr, CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE; a los Gobernadores de los Departamentos que conforman la Costa Caribe, Alcaldes Municipales, Federación de Departamentos y Federación de Municipios

informen sobre los “Avances al Acuerdo  a la Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos y Soluciones que permitan resolver la situación actual de la Educación Superior

representantes del movimiento estudiantil y profesoral que suscribieron el mencionado acuerdo y a las entidades garantes, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo