La presente ley tiene por objeto crear el Reporte Público de Secuestrados a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con el Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de tener información actualizada de los casos de secuestro, darles mayor visibilidad, propender por la pronta liberación de las víctimas y obtener cifras oportunas del delito.