La presente ley tiene como principal objeto reformar el marco normativo e institucional en materia penal y de la ejecución de las penas con el fin de adecuarlo a los estándares constitucionales y a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, humanizar las penas y su ejecución, fortalecer un enfoque restaurativo, mejorar la eficiencia del sistema penal y avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional