Establecer normas, procedimientos y mecanismos para garantizar la protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad, seguridad personal y al libre desarrollo de la personalidad, así como los derechos laborales, económicos, políticos y demás conexos de los reportantes/denunciantes de hechos o actos que presuntamente constituyan o puedan constituir corrupción. Además, promoverá la denuncia de presuntos hechos o actos de corrupción y la veeduría ciudadana del buen uso de los recursos públicos.