La presente ley tiene por objeto establecer los criterios a los cuales se debe sujetar el Gobierno Nacional para fijar los gastos de representación y las primas de los miembros del Congreso en virtud de las competencias establecidas en el artículo 150, numeral 19, literal e de la Constitución y los principios constitucionales de remuneración proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, equidad, progresividad, solidaridad y prevalencia del interés general.