La presente ley tiene por objeto ajustar la legislación concerniente a la titularidad de la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, frente a la investigación y sanción de servidores públicos de elección popular, en aras a que sea acorde con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Lo anterior, atendiendo al mandato consignado en la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).