Tiene por propósito desincentivar el uso de las cortes de cierre y de los organismos de control e investigación criminal, disciplinaria y fiscal del Estado como plataforma electoral, de forma que quienes ostenten la calidad de Magistrado Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación puedan desempeñar sus cargos con más independencia y transparencia, y que quienes tengan el interés de ser Presidente de la República, congresista o magistrados de la Corte Constitucional, usen mecanismos legítimos para promover sus aspiraciones.