La presente ley tiene por objeto: a. Establecer una excepción al régimen de incompatibilidades de los concejales para que puedan celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión garantizando el derecho al trabajo sin poner en riesgo la transparencia del acceso a la función pública. b. Promover la profesionalización de las personas que ostenten la calidad de concejales.