El objeto de la presente ley es priorizar la prestación de servicios públicos domiciliarios en los programas en beneficio de las comunidades de los que trata el numeral 8.6 del artículo 8 del Decreto 1760 de 2003 y en los planes de gestión social contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 de los contratos de exploración y producción (E&P), de evaluación técnica (TEA) de hidrocarburos, y los contratos de concesión minera, con el fin de mejorar en el plano nacional y territorial la calidad de vida de los habitantes que hacen parte de las zonas de influencia definidas contractualmente por las Agencias adscritas al Ministerio de Minas y Energías.