Esta ley tiene por objeto generar alivios para la estabilidad económica de las instituciones o establecimientos de educación (Colegios) privados o no oficiales, incluyéndolos en la prohibición de ser gravados con el impuesto de Industria y Comercio (ICA); así como la de ser excluidos del cobro a la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico