La presente ley tiene por objeto establecer medidas penales, disciplinarias y administrativas para prevenir, sancionar y reparar el volteo de tierras o alteración fraudulenta del ordenamiento territorial. Las disposiciones de esta ley se aplicarán en todo el territorio nacional, vinculan a todas las autoridades del nivel nacional y territorial, y cobijan tanto a los servidores públicos como a los particulares que prestan servicios públicos.