La discusión se dio en la Comisión Primera de la Cámara de Representanetes.

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2026 (Prensa Cámara). La Comisión Primera Constitucional realizó una audiencia pública sobre fraudes financieros cometidos a través de empresas fachada, que atraen a personas mayores con falsas promesas y terminan sacando créditos a su nombre. La sesión fue convocada y presidida por el representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui Pastrana, del Partido Centro Democrático, con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Policía Nacional y Asobancaria.

Según la base de datos que presentó el representante Uscátegui, se han identificado 174 casos asociados a 13 empresas constituidas en 2025, de los cuales al menos 38 cuentan con número de noticia criminal completo. Las pérdidas documentadas superan los 675 millones de pesos, en créditos de entre 500.000 y casi 50 millones, otorgados por entidades de la banca formal. Un periodista del programa Séptimo Día, que investiga el asunto desde hace un año, estimó que operarían al menos 30 empresas con el mismo esquema y que los afectados serían miles: encuestas en sitios concurridos, citas en oficinas, manipulación del celular de la víctima, créditos digitales validados con reconocimiento facial y contratos por servicios que no existen.

Los ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, contaron que los desembolsos se hicieron en minutos a favor de las empresas, que las entidades financieras les exigen pagar y que sus quejas ante la Fiscalía, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Superfinanciera no han tenido una respuesta efectiva. Víctimas y denunciantes pidieron reforzar la verificación de identidad antes de aprobar créditos virtuales y suspender los cobros mientras avanzan las investigaciones.

Desde lo jurídico, estas conductas podrían configurar estafa (artículo 246 del Código Penal) y, cuando hay suplantación o uso indebido de datos y medios electrónicos, los delitos informáticos de la Ley 1273 de 2009. A ello se suman las cláusulas abusivas de los contratos (artículos 42 y 43 de la Ley 1480 de 2011) y la protección al consumidor financiero (Ley 1328 de 2009). La audiencia, que duró prácticamente toda la mañana, cerró con la petición de compromisos concretos a las autoridades, tanto para frenar hoy estas prácticas como para evaluar ajustes legislativos.

Fuente: Oficina de Información y Prensa - Periodista Luis Carlos Díaz Mesa