Este proyecto de ley reforma de manera integral la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, y establece un nuevo marco para la educación superior como derecho fundamental y bien común de orden estratégico para el desarrollo social, productivo y científico del país. Su objeto es garantizar el derecho fundamental a la educación superior mediante el reconocimiento y cierre de las brechas que impidan el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes; la reorganización y fortalecimiento integral del sistema priorizando la pertinencia territorial; el papel prioritario de la educación superior en la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo orientado a la soberanía y justicia social, la democratización del gobierno de las instituciones; el fortalecimiento de la calidad educativa como evidencia del impacto territorial y la pertinencia, la reorientación de la investigación hacia la soberanía científica y tecnológica; y el reforzamiento del principio de no lucro en las instituciones privadas y de economía solidaria.