En tal orden de ideas, se promueve la incorporación de: por una parte un parágrafo al artículo 44 de la Constitución que busca, determinar de manera incondicional la competencia a los jueces penales de la jurisdicción ordinaria teniendo como fundamento la prevalencia de los derechos de los niños, pero además, y como ya se mencionó que es este régimen jurídico el que se ha venido fortaleciendo en pro de nuestros niños y niñas, quitar la competencia a esta jurisdicción no podría sino derivar en un desconocimiento a las pautas dadas por el Estado colombiano (a través del desarrollo jurisprudencial y legal ) en el marco del proceso penal. Lo anterior, a través de la incorporación del siguiente parágrafo: “PARÁGRAFO: En todos los casos en los que resulten como víctimas de delitos sexuales los niños y niñas, se mantendrá la competencia en cabeza de los jueces penales de jurisdicción ordinaria.” Por otra, parte y a través de la modificación del artículo 250 de la Constitución y adicionándole un numeral, se pretende reafirmar que es en cabeza de la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal señalando “9. Ejercer la acción penal, en todos los supuestos de delitos sexuales en donde resulten como víctimas niños y niñas, promoviendo la protección de los mismos a través del proceso penal ordinario”. Sólo así, se garantizará que no se dé un retroceso en términos de protección de víctimas y medidas de participación que a través de esta entidad se han consolidado.