Establecer mecanismos para la investigación, prevención y el esclarecimiento de la verdad de las víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual cometidos en contextos clericales o religiosos. Su aplicación se extiende a todas las confesiones religiosas con presencia en el territorio nacional, incluidas las instituciones, comunidades, diócesis, arquidiócesis, congregaciones o entidades vinculadas, sin distinción de jerarquía o denominación.