Tiene por objeto regular el derecho constitucional a elegir y ser elegido, las funciones de las autoridades publicas electorales y, ocasionalmente, de los particulares que la ejerzan, como también los procedimientos para su ejercicio, con el fin de asegurar que el proceso electoral, el resultado de las elecciones y demás manifestaciones de la participación política electoral representan con fidelidad, autenticidad, transparencia y efectividad, la voluntad de sus titulares.