La presente Ley tiene por objeto garantizar los derechos y la integridad en los bienes jurídicos, tanto individuales como colectivos, de los habitantes de los territorios fronterizos de la República de Colombia ante los cambios políticos en las relaciones bilaterales con los países vecinos en garantía de los intereses ciudadanos y como protección reforzada a la soberanía nacional que reside en el pueblo.