El Congreso en pleno  llevó  a cabo una sesión  con motivo del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, el cual se celebra el 9 de abril de cada año.

La sesión contó con la participación de víctimas dentro y fuera del territorio nacional, quienes expusieron las dificultades que atraviesan actualmente los líderes y lideresas sociales en el país, a la vez que resaltaron la importancia de este día.

Por medio de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas, se busca resarcir el dolor que estas vivencias han generado, además, ayudan a conocer la historia y evitar la repetición de los hechos violentos, resaltó Liliana Martínez Rincón, víctima de desaparición forzada.

Por su parte, el representante de las víctimas en el exterior, John Jairo Romero, aseguró que “no es posible hablar de paz sin hablar de justicia social” por lo que “Las leyes existentes deben ser reformadas para que complementen las realidades que nos deja la guerra”.

A partir del 20 de julio, las víctimas tendrán representación directa en la Cámara de Representantes, gracias a las 16 curules creadas a través del Acto Legislativo 02 de 2021, por lo que se espera que esta medida permita poner fin al conflicto y dar solución a los problemas de representación que históricamente han afectado a los territorios más golpeados por la violencia en el país.

Asimismo, es espera que las víctimas tengan la oportunidad de buscar alianzas con los nuevos representantes a la Cámara, lo cual permitiría mejorar sus condiciones, trabajar de la mano y tener mayores oportunidades, señaló Odorico Guerra, víctima de desaparición forzada en el municipio de Aracataca en el departamento del Magdalena.

Por otro lado, la Coordinadora de La Mesa Nacional de Víctimas, Eucaris Salas, afirmó que es necesario contar con una política inclusiva que permita a las víctimas acceder a vivienda, educación y trabajo, a la vez que resulta imprescindible revisar todo lo relacionado con las seguridad de los líderes y lideresas sociales, pues “ser líder social en Colombia nos está costando la vida”.

Así mismo, urgió a los representantes a crear un proyecto de ley que permita la excepción a los costos de la emisión de documentos necesarios para la identificación de las víctimas y para el acceso a medidas de restablecimiento de derechos.

Blanca Real, coordinadora de la mesa departamental del Vichada, aseguró que la situación de las víctimas es especialmente difícil en los territorios más alejados del país, argumentando que se presentan altos costos en la canasta familiar y falta de oportunidades tanto para las víctimas como para los jóvenes, quienes se ven afectados por el reclutamiento.

Si bien una gran parte de la población afectada por el conflicto armado interno son civiles, también se registran casos de miembros de la fuerza pública que han sido víctimas de estos hechos y que hoy en día sus familias luchan por ellos, como es el caso de Lidia Florián, esposa del capitan, Raúl Octavio Castañeda, miembro de la Fuerza Área Colombiana, quien fue desaparecido, torturado y asesinado por las FARC.

Entre las intervenciones realizadas por las víctimas que hacen parte de la fuerza pública se encuentran las de Oliva Rincón, quien perdió a su hijo el Sargento Mayor, Sol Rivera, en el año 2007, Eider Israel Parra, patrullero de la Policía Nacional, víctima de un campo minado mientras hacía labores de erradicación manual y José Yesid Buitrago, soldado del Ejército Nacional, secuestrado en 1998 cuando se encontraba en Miraflores, Guaviare.

Según cifras presentadas por el representante por el Atlántico, César Augusto Lorduy, hay dentro de las víctimas 403.352 miembros de la fuerza pública “que también merecen nuestra solidaridad y apoyo”, idea que fue reforzada por el representante Edward Rodríguez, quien afirmó que “es un día para decirles que no están solos”.

Fuente: Oficina de Prensa Cámara de Representantes

Comunicado de María Paula Carlos