La iniciativa, que solo espera la sanción presidencial, establece condenas de hasta 45 años de prisión para quienes vinculen a niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales.

Bogotá D.C., 17 de junio de 2026 (Prensa Cámara). En una decisión unánime, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que fortalece las medidas penales contra el reclutamiento, uso, utilización y explotación de menores de edad por parte de grupos armados organizados y estructuras criminales.

La iniciativa, de autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, quedó a un paso de convertirse en Ley de la República, pues únicamente requiere la sanción presidencial para entrar en vigencia. El articulado contempla penas de hasta 45 años de prisión para quienes incurran en estas conductas, sin posibilidad de beneficios judiciales relacionados con rebajas de pena, además de sanciones económicas ejemplares.

El proyecto busca reforzar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes frente a uno de los delitos que más afecta a las comunidades en los territorios donde persisten los conflictos armados y la presencia de organizaciones ilegales. De esta manera, el Estado contará con herramientas más contundentes para perseguir y sancionar a quienes vulneren los derechos fundamentales de la niñez.

La representante Ana Paola García, ponente de la iniciativa, destacó la importancia de que las autoridades judiciales y los organismos de investigación apliquen rigurosamente las disposiciones contenidas en la nueva ley para garantizar que los responsables reciban castigos proporcionales a la gravedad de sus acciones.

“Con esta iniciativa enviamos un mensaje claro de protección a la infancia colombiana. Ningún niño o niña debe ser arrancado de su hogar, de su escuela o de su proyecto de vida para ser utilizado por organizaciones criminales. El Estado debe actuar con toda la contundencia de la ley”, señaló la congresista.

Además del endurecimiento de las penas, la norma incorpora medidas de prevención orientadas a reducir los factores de riesgo que facilitan el reclutamiento de menores. En ese sentido, el Gobierno Nacional deberá promover programas especiales en instituciones educativas y sus entornos, fortalecer campañas de sensibilización y coordinar acciones interinstitucionales para identificar oportunamente situaciones de amenaza contra la niñez.

Igualmente, se establece el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y atención por parte de las autoridades competentes, con el propósito de brindar protección inmediata a los menores que se encuentren en riesgo de ser reclutados o instrumentalizados para actividades ilícitas.

Con la aprobación de este proyecto, el Congreso de la República ratifica su compromiso con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y con la construcción de entornos seguros que les permitan desarrollarse plenamente, lejos de cualquier forma de violencia, explotación o utilización por parte de grupos armados ilegales.

Fuente: Ricardo Cáceres Acosta – Oficina de Información y Prensa.