La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 2° de la Ley 2540 de 2025 y adicionar los artículos 41, 42, 43 y 44 a dicha ley, con el fin de extender la modalidad de arbitraje institucional a los procesos ejecutivos que no cuenten con pacto arbitral previo entre las partes, mediante un mecanismo de habilitación por no oposición cualificada del deudor que preserva el principio constitucional de voluntariedad del arbitraje consagrado en el artículo 116 de la Constitución Política, con el propósito de contribuir a la descongestión del sistema judicial.