Tiene por objeto garantizar la prestación del servicio público esencial bomberil en todo el territorio nacional, a través de la refrendación de las responsabilidades que tiene el estado y los entes territoriales, estableciendo herramientas de articulación y financiamiento real y uniforme que permitan a los cuerpos de bomberos prestar el servicio esencial bajo criterios de dignidad, continuidad, eficiencia y sostenibilidad financiera.