La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el denominado estatuto anticorrupción, una iniciativa construida entre 25 entidades del Estado que establece duras sanciones económicas tanto a las empresas como a las personas que atenten contra el patrimonio público.

 

La iniciativa contempla atacar los bienes de los corruptos, la responsabilidad administrativa de las empresas, agilizar la extinción de dominio y castigar a quienes afectan el patrimonio del Estado.

 

Uno de los puntos más polémicos es el que convierte en responsables fiscales a quienes dañen el patrimonio del Estado; es decir, quienes rompan una estación de TransMilenio, por ejemplo, tendrán que pagar no solo con su libertad, sino con su propio dinero.

 

Para las empresas involucradas en corrupción se contemplan multas de hasta 200 mil salarios mínimos mensuales vigentes. Inhabilidad para contratar con el Estado, publicación en medios de comunicación de la sanción impuesta, prohibición de recibir subsidios por parte del Estado 10 años y destitución de administradores y otros directivos.

 

Otro punto muy importante tiene que ver con los programas de alimentación escolar. Se establece que cuando una empresa tenga dos sanciones por incumplimiento en programas de alimentación escolar va a quedar inhabilitada por 10 años para volver a contratar con el Estado.

 

Conciliaciones

La Plenaria también aprobó en último debate el proyecto de ley que exalta la memoria del expresidente del Congreso Aurelio Iragorri Hormaza, fallecido en septiembre del año pasado.

 

El pleno de la corporación aprobó la conciliación del proyecto de ley que endurece los castigos para quienes sometan a los menores a esta situación.

 

Según el proyecto de ley, presentado por el senador de Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez y cuyo conciliador en Cámara fue el representante Harry González, quienes usen en mendicidad ajena a menores de 18 años, mediante la ingesta de sustancias psicoactivas que inhiban su razón, juicio o voluntad, tendrán una pena de hasta 30 años de prisión.

 

La norma agrega que, cuando la conducta sea cometida o facilitada por los progenitores del menor o por quienes lo tienen bajo su custodia o cuidado, con fines de mendicidad, dará lugar a que se le retire la patria potestad o la custodia del niño.

 

También fue conciliada la norma que busca garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE – durante el calendario académico, asegurando la concurrencia efectiva, coordinada, articulada y conjunta de los recursos a cargo de la Nación, los departamentos y los municipios.

 

De acuerdo con las cifras expuestas ante la plenaria, a principios de marzo al menos 17 entidades territoriales no reportaban el inicio del PAE, y a finales de este mismo mes cerca de 314.000 estudiantes aún no se estaban beneficiando del programa.

 

La iniciativa, busca garantizar la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante todo el año académico y evitar que los menores de edad se queden sin disfrutar de este beneficio que les da el Estado por algunos meses.

 

Igualmente, el pleno de la Cámara le dio aval al proyecto de ley que crea mecanismos para repatriar cuerpos de connacionales fallecidos en el exterior.

 

La norma, a la que solo le falta la firma del presidente Iván Duque para convertirse en ley, establece básicamente que, al momento de expedir su pasaporte, el ciudadano adquiera una especie de seguro exequial que lo proteja y cubra sus gastos de repatriación en caso de fallecer en el exterior.

 

“El costo o contraprestación económica por el mecanismo establecido en desarrollo de la ley, será causado y pagado en una única oportunidad al momento de la expedición, o renovación del pasaporte, quedando el mecanismo ligado a la misma vigencia con que fuere expedido el pasaporte”, indica el proyecto, de autoría del representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez.

 

Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes

Comunicado de Javier Forro