Es por tanto inconcebible que, en medio de una emergencia sanitaria y una crisis económica, un Senador de la República plantee la posibilidad de un paro legislativo. El Congreso de la República como rama del poder público, como elemento fundamental de los Estados democráticos, no puede perder su conexión con la ciudadanía, debe seguir cumpliendo con sus funciones delegadas en la Carta Magna y la Ley 5ª de 1992.