La presente ley tiene por objeto que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías –INVIAS- y la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- rinda informe anual sobre los impactos (negativos y positivos) de los peajes hacia las poblaciones colindantes, sector transporte y demás sectores económicos que sean afectados directamente, e informar sobre el estado de las vías con peajes sobre el territorio colombiano.