El objeto de la presente ley es sanear de manera definitiva los asentamientos humanos ilegales que a la fecha se encuentren debidamente consolidados e incompletos y materializar la adopción del principio de equidad que permita el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco del Estado Social de Derecho, esas garantías que pueden implicar, a menudo, la posibilidad de exigir la acción de las autoridades, no sólo en demanda de prestaciones de éstas últimas, sino respecto de otros sujetos privados, para imponerles cargas, restricciones y límites semejantes sobre sus actividades.