A un año de la toma del Bronx por parte de los organismos distritales, que tenían como propósitos, desmantelar las bandas criminales y de micro tráfico que operaban en la zona, intervenir socialmente la problemática del habitante de calle y recuperar urbanísticamente el sector, el balance evidencia que la intervención fracasó. Así trascendió durante la audiencia pública convocada por la Comisión Segunda de la Cámara, que se trasladó a la localidad de los Mártires para escuchar a la comunidad sobre las condiciones de seguridad que afrontan los residentes, comerciantes y población flotante de la localidad. Líderes comunales, miembros de las Juntas Administradoras Locales y la comunidad en general, manifestaron su preocupación por la constante presencia de habitantes de calle, que causan problemas de salud pública, de convivencia, de inseguridad por atracos y expendio de drogas, afectando gravemente la calidad de vida y el bienestar de los moradores de barrios como La Estanzuela, Veraguas, Santa Isabel, Ciudad Montes, Samper Mendoza, Santa Fe entre otros. “Esta fue una intervención irresponsable, sin planificación y sin criterio humanitario”, afirmó el representante a la Cámara por Bogotá del Polo Democrático, Alirio Uribe, quien considera que no se programó una actuación integral, pues el operativo no estuvo respaldando por una política social de atención y rehabilitación del habitante de calle. Para el congresista el distrito no está en capacidad de brindar refugio a este número indeterminado de personas, pues algunas cifras indican que esta población es cercana a los 9000 y otras hablan de 23.000; en cualquiera de los casos, la capacidad de atención disponible es de 2700 cupos. De otro lado, para la representante por el Centro Democrático Tatiana Cabello la intervención era absolutamente necesaria para recobrar la gobernabilidad de este territorio, eliminar el foco de delincuencia que se había apoderado del centro de la capital e iniciar acciones para garantizar la seguridad del sector. “Aún falta mucho por hacer, sobre todo en materia de atención al habitante de calle, pero insisto, ésta medida era necesaria”. Los congresistas por Bogotá, Ángela María Robledo, Andrés Villamizar, Tatiana Cabello y Alirio Uribe se comprometieron a revisar la ley 1641 de 2013, que diseñó los lineamientos de política pública de atención a los habitantes de calle, con el propósito de encontrar los mecanismos para hacerla efectiva y gestionar la realización de un censo que determine el número real de miembros de esta comunidad. La Comisión Segunda continuará realizando audiencias públicas en todas las localidades de Bogotá, para conocer de primera mano, las problemáticas de seguridad, que afectan a los habitantes de la ciudad.