La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos mediante los cuales se implementan programas de educación y conciencia social que permitan combatir la corrupción en la administración de los recursos públicos, en el entendido de que además de las medidas posteriores, se debe fortalecer la prevención de los actos de corrupción. Es obligatorio para todas las instituciones de educación básica, media y superior, incluir en sus programas académicos una materia o cátedra de Ética Ciudadana y Cuidado de los Recursos Públicos como una disciplina integrada a los lineamientos cognitivos transversales a todo plan de estudios en la educación básica, media y superior. De igual forma las entidades públicas deberán incluir en los programas y procesos de fortalecimiento institucional actividades teóricas y prácticas que aumente la sensibilización y el cuidado de los recursos públicos. En estos casos se deberán divulgar mediante actividades pedagógicas las sanciones disciplinarias, penales y sociales a los que se enfrentan quienes participan en acciones relacionadas con la indebida administración de los recursos públicos.