La presente ley tiene como objeto establecer principios y parámetros generales que aseguren la calidad normativa en términos de eficacia, eficiencia, efectividad, simplicidad, coherencia y reducción de cargas regulatorias innecesarias, con el fin de garantizar la mejora normativa en las entidades del nivel nacional y territorial de la rama ejecutiva y reducir la litigiosidad derivada de procesos de producción normativa en las entidades públicas del orden nacional y territorial.