La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

Bogotá, 5 de diciembre de 2025 (Prensa Cámara). El Proyecto de Ley No 579 de 2025 Cámara – 156 de 2024, aprobado en la Cámara de Representantes, avaló la adhesión de Colombia a la convención creada por la ONU, para acabar con la instrumentalización de personas, bajo la figura de mercenarios.

Esta norma que fue dada a conocer al mundo el 4 de diciembre de 1989, surtió conceptos de diferentes instancias a nivel nacional, invitando a Colombia a que se suscribiera a la misma.

El Ejército Nacional emitió un concepto, señalando que el impacto al ratificar este tratado sería altamente benéfico para el país, porque mejorará la cooperación internacional, fortalecerá las políticas internas de seguridad nacional y castigará la participación de mercenarios, no solo a nivel internacional, sino también en el ámbito interno, lo cual redunda en una aproximación cada vez más real a la paz.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, agregó que esta adhesión era indispensable, para evitar que especialmente organizaciones inescrupulosas, busquen que militares retirados sean incorporados para cometer delitos en otras naciones.

La Convención establece que la actividad de los mercenarios socava principios del Derecho Internacional como:
La igualdad soberana, la independencia política, la integridad de los territorios y la libre determinación de los pueblos.

Este Proyecto de Ley, fue impulsado por el Ministerio de Defensa y establece un marco robusto para evitar que más personas caigan, en algunas ocasiones, víctimas de engaños, redes transnacionales y organizaciones criminales.

Durante el debate, la congresista, Luz Ayda Pastrana, aseguró que: “era una mala idea, adherirse a este convenio, porque se corre el riesgo de estigmatizar a los policías y a los ciudadanos en general en el mundo”. Y mencionó riesgos como la dificultad probatoria, lo obsoleto del tratado, el riesgo de persecución política, entre otros.

Por su parte, el congresista, Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, solicitó un concepto del Consejo Superior de Política Criminal, porque el tratado exige una modificación del Código Penal, y según explicó, antes de estos cambios se deben tener los conceptos claros al respecto, porque así lo exige la ley, para estas modificaciones. Posición que acompañó el representante, Jhon Jairo Berrío.

A su turno, el representante, Pedro Suárez, del Pacto Histórico señaló que: “Efectivamente hará parte de la normatividad colombiana y que no requiere concepto durante su aprobación en el Congreso de la República”.

Este debate cobra relevancia ante los hechos que en los últimos años han registrado colombianos que se han involucrado a nivel armado, en conflictos como Sudán y en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en 2021.

En cifras, el ex canciller, Luis Gilberto Murillo, señaló que: “En 2024, 500 colombianos participaron en el conflicto de la guerra de Ucrania, de los cuales 300 fallecieron. Esto es un espejo de una realidad que hoy con la adhesión de este convenio, se busca acabar”.

Fuente. Helen García - Periodista Oficina de Información y Prensa.