La presente ley tiene por objeto: a. Garantizar la participación de las veedurías ciudadanas en las corporaciones públicas departamentales, distritales y municipales como mecanismo de control social a la gestión pública. b. Fortalecer y establecer garantías para el acceso y la entrega de la información que requieren los veedores con el fin de poder realizar adecuadamente el ejercicio de su función para la prevención y protección de la inversión del gasto público y el control social a la ejecución de programas, proyectos y obras de inversión pública. c. Contribuir a la consolidación de mecanismos alternativos que permitan a los veedores ciudadanos potencializar su capacidad de control y fiscalización en coordinación y colaboración con las entidades sujetas de control social y de las autoridades que hacen parte de la red de apoyo a las veedurías. d. Estimular e incentivar la participación de la población juvenil y escolar en el ejercicio del control social y fomentar el hábito del autocontrol por el gasto e inversión pública del Estado desde las instituciones de educación en todos sus niveles.