El objeto de la presente ley es garantizar el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y la protección del ambiente, removiendo normativa que puede generar daños al aire, al suelo o al agua, como las tasas retributivas y compensatorias que pagan las industrias por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio.