La presente ley tiene por objeto reconocer y establecer parámetros para el ejercicio de la actividad de los traductores e intérpretes oficiales, delimitar sus responsabilidades y competencias, exaltar su importancia en los trámites y documentos que se realizan en idioma diferente al castellano y otorgar seguridad jurídica a los usuarios a través de la unificación normativa de la actividad de los traductores e intérpretes oficiales.