Fijar un plazo máximo hasta el 31 de julio de 2024 para que las entidades estatales de cualquier orden incorporen en sus dependencias el servicio de interprete y guía interprete para las personas y sordociegas, como lo establece de manera general y sin ningún plazo la Ley 982 de 2005 o Ley de equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas, y que hasta el momento no se ha logrado implementar en ninguna parte del País.