Fuente: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, anunció que radicó en el Congreso un proyecto de ley que establece sanciones como arresto por 24 horas, trabajo social y rehabilitación para aquellos que consuman y porten sustancias psicoactivas en espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público.

Lara explicó que la medida tiene como fin proteger a los menores y adolescentes del microtráfico, un fenómeno que ha incrementado su impacto en las ciudades colombianas y, en los últimos años, ha centrado su accionar en los jóvenes de los barrios y localidades más vulnerables.

“No habrá dosis mínima tolerable en los parques, en los entornos de los colegios, en las  zonas comunes de los conjuntos residenciales. Le voy a devolver estos espacios a las familias y a los niños de Colombia. Los parques y colegios se convirtieron recientemente en el principal escenario de consumidores y expendedores de drogas ilícitas, y es allí donde día a día las mafias buscan enviciar a los jóvenes y luego reclutarlos para sus actividades delictivas”, aseguró.

Derechos

“Es nuestro deber como congresistas proteger a los menores de las drogas, haciendo respetar sus derechos como lo establece la Constitución Política en su artículo 44, que señala que todos los derechos de los niños son fundamentales y prevalecen sobre los demás. Por tanto, le corresponde a la familia, la sociedad y el Estado asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, explicó.

“No estamos penalizando ni suprimiendo el uso de la dosis personal. Pero sí estamos prohibiendo su uso en parques, polideportivos, colegios y zonas comunes de los conjuntos. Vamos a recuperar los parques para devolvérselos a las familias colombianas”, señaló el Congresista.

Para el Presidente de la Cámara, “portar o consumir sustancias psicoactivas e incluso la dosis personal- o cualquier sustancia alucinógena que afecte su salud dentro del perímetro de centros educativos, centros deportivos, parques y zonas comunes de propiedad horizontal, afecta la integridad de los niños, niñas y adolescentes”.

Más sanciones

En ese sentido el proyecto que modifica el Código Penal, el Código de Policía y el Código de la Infancia y Adolescencia, establece el aumento de sanciones, la obligación de participar en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, la remisión a un Centro de Atención en Drogadicción (CAD) y Servicios de Fármaco dependencia y el arresto por veinticuatro horas.

Igualmente, establece en el Código de Policía como comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos los siguientes: Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo; tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, drogas o sustancia; consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas –incluida la dosis personal- en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro y tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas –incluida la dosis personal- en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante a la institución.

Modificaciones
También modifica el Código penal en su artículo 381 al establecer prisión de 6  a 15 años para quien suministre, administre o facilite a un menor cualquier tipo de droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla.

De acuerdo con la iniciativa, la Policía deberá adelantar labores de vigilancia a fin de controlar el porte de armas de fuego o corto punzantes, bebidas embriagantes, pólvora, estupefacientes y material pornográfico por parte de niños, niñas o adolescentes, así como de elementos que puedan atentar contra su integridad, y proceder a su incautación. Para lo cual, especialmente en centros educacionales, deportivos y recreativos, deberán instalar cámaras de seguridad para perseguir a los expendedores de drogas y proteger a nuestros jóvenes.

Algunos reportes sugieren que, desde 2014 se evidencia que el 17% de los jóvenes de colegios públicos y privados venden drogas en el colegio y que el 28% de ellos venden en los entornos cercanos. Lo preocupante es que en el 30% de los colegios púbicos encontraron que sí se vendían drogas y una tercera parte de los estudiantes manifestaron que habían visto a algún compañero de su curso consumiendo dentro del colegio.