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Iniciativa por la dignificación laboral de los trabajadores de la salud, podría incluir sanciones por incumplimiento de pagos. 
28 Septiembre 2021

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó 8 de los 10 artículos que conforman el proyecto de Ley No. 020 de 2021, por medio del cual se busca promover el respeto y la dignificación laboral de los trabajadores del sector de la salud en el país.

 

Los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 fueron aprobados por la Comisión, el artículo tercero fue eliminado al considerarse como no pertinente. En esta ocasión, el artículo 6, el cual establece las sanciones por incumplimiento de pagos, fue el centro de la discusión. 

 

Durante la sesión se debatió fuertemente sobre lo que significaría imponer sanciones por incumplimiento de pagos y la corrupción que afecta al sistema de salud.

 

El representante Jairo Cristancho, miembro del partido Centro Democrático, recalcó la necesidad de modificar la sección en la que se menciona que “Las sanciones a imponer serán las definidas en la Ley 9 de 1979”, ya que la consideró como no oportuna, pues el artículo sexto busca crear sanciones por incumplimiento, lo cual no guardaría relación con dicha ley. 

 

En cuanto a esto, el representante a la Cámara y miembro del Partido Dignidad, Jorge Alberto Gómez Gallego, señaló que es necesario especificar que quien asumirá la multa es aquel que no pague, asimismo, dijo que las EPS son intermediarios que administran los recursos y pagan el dinero, por lo que si estas están al día con los hospitales no tendrían por qué tener miedo a las sanciones.  

 

El congresista Juan Diego Echavarría, del Partido Liberal, afirmó que las sanciones deben ir en contra de quienes no pagan, es decir que el empleador tendrá que demostrar por qué no está pagando, y la única justificación válida es que no cuente con los recursos. 

 

No obstante, el representante José Luis Correa, del Partido Liberal, afirmó que la deuda de las IPS con los trabajadores era de 2 billones de pesos, mientras que la de las EPS hacia las IPS está sobre los 18 billones, por lo que no es lo mismo sancionar a una EPS que no paga que ponerle una multa a una IPS que no puede pagar porque no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. 

 

De igual manera, el representante Carlos Eduardo Acosta Lozano del Partido Colombia Justa Libres, afirmó que “si no le ponemos un paro dónde tengan que responsabilizarse van a seguir castigando a los trabajadores de la salud.”

 

Como una posible solución al incumplimiento de los pagos, el representante Henry Fernando Correal, del Partido Liberal, planteó la posibilidad de destinar un porcentaje determinado de la cuenta de cobro que se le pasa a la EPS para hacer los pagos de nómina, opinión que fue debatida por el representante Jairo Reinaldo Cala del partido FARC, al afirmar que no se debería establecer un porcentaje, pues se debe garantizar es un sistema integral de salud, en el que el talento humano sea el elemento central.

 

Dada la deuda de las EPS y la demora a la hora de realizar los pagos, el representante Correa, expuso que la mejor forma de garantizar el pago es que este no pase por la EPS, sino que sea el Ministerio de Salud quien apruebe una proyección del presupuesto para nómina, insumos y demás necesidades, y que el dinero salga directamente de la UPC (unido de pago por captación).

 

Así lo afirmó el representante Mauricio Andrés Toro, del Partido Verde, quien dijo que “Es por los hospitales públicos por medio de los cuales se roban la plata del sistema de salud y los privados, cuando se nombra a un personaje que no cumple con los requisitos idóneos para poderlo administrar”. Además, afirmó que los colombianos piden a los congresistas que creen mecanismos para garantizar la idoneidad de los servidores públicos que administran los recursos de la salud y los impuestos.

 

Esta idea sobre la idoneidad de los funcionarios que manejan recursos públicos fue compartida por el representante y miembro del partido Colombia Renaciente, Jhon Arley Murillo, el cual, expuso que hay cargos que deben ser técnicos y no políticos.

 

El representante Faber Alberto Muñoz (Partido de la U) expresó la necesidad de que los alcaldes sean quienes definan quién está a cargo de las entidades prestadoras de salud dentro de su territorio. 

 

El debate sobre las sanciones continuará el miércoles 29 de septiembre cuando se reúna nuevamente la Comisión Séptima para debatir este y otros proyectos de ley. 

 

Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes. 

 

Contacto: María Paula Carlos Nieto

mpaulacn97@gmail.com

 

 

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