La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este jueves en último debate el proyecto de Acto Legislativo que crea 16 Curules Especiales Transitorias de Paz que hace parte de la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.

El proyecto de origen gubernamental, establece los escaños para los períodos legislativos 2018-2022 y 2022-2026 en 167 municipios del territorio nacional en los departamentos de Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Cauca, Nariño, Putumayo, Cesar, Bolívar, Córdoba, y Tolima.

Tras la aprobación, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sostuvo que esta decisión de la Cámara va a enriquecer democráticamente la sociedad.

“Desde el Gobierno Nacional queremos declarar nuestra satisfacción por la aprobación de la reforma constitucional. En este último debate se permite que estas nuevas circunscripciones sean exclusivamente para las víctimas, nos parece que es un homenaje para las víctimas del conflicto”, expresó el Ministro.

Ante los temores expresados por las bancadas de Centro Democrático y Cambio Radical, en relación a que estas curules las ocupen exguerrilleros, Rivera manifestó que “no hay posibilidad que estas queden en manos de las Farc por dos razones: primero, porque el partido político que surgió de la desmovilización de las Farc no puede avalar candidatos en estas circunscripciones, tampoco ninguno de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, de la misma manera candidatos quienes hayan sido desmovilizados de cualquier grupos armado al margen de la Ley”.

En el debate, fue aprobada la proposición de autoría del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, para que la condición de víctima se restrinja al primer grado de consanguinidad (padres, hijos, y al cónyuge) ante el riesgo que los victimarios terminen ocupando estos escaños.

“Esta indefinición jurídica, esta extensión del concepto de víctima, va a terminar en que sean en muchas situaciones los victimarios los que se monten  en la estructura diseñada para las víctimas”, advirtió Lara.

Samuel Hoyos, del Centro Democrático, sostuvo que “se está utilizando el nombre de las víctimas para darle 16 curules adicionales a las Farc, porque las circunscripciones están en zonas históricamente controladas por las Farc, donde aún tienen presencia y que corresponden a las áreas de mayor crecimiento de los cultivos ilícitos”.

A su vez, Jairo Rivera de Voces de Paz, indicó que “más allá de las modificaciones, de la mezquindad y de la revictimización con las víctimas del conflicto que habitan esos territorios, hay que decir que es una muy buena noticia para el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz”.

El acto legislativo pasa a conciliación y posteriormente a sanción presidencial.

Puntos clave

La iniciativa contempla que “se contará con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos, asimismo que las campañas contarán con financiación estatal especial y acceso a medios regionales. Se desarrollarán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado”.

El articulado también indica que “los candidatos solo pueden ser inscritos por organizaciones de víctimas, grupos significativos de ciudadanos, campesinos, organizaciones sociales, incluyendo las de mujeres”. Sin embargo, “cuando la circunscripción coincida en todo o en parte con sus territorios étnicos, adicionalmente podrán inscribir candidatos: los consejos comunitarios, los resguardos y las autoridades indígenas en sus territorios, debidamente reconocidos, en coordinación con sus respectivas organizaciones nacionales; así como las Kumpañy legalmente constituidas”.

La norma incluye que “los candidatos a ocupar las curules en estas circunscripciones (…) deberán haber habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la votación, los desplazados que se encuentren en proceso de retorno con el propósito de establecer en el territorio de la circunscripción su lugar de habitación deberán haber nacido o habitado en él al menos tres años consecutivos en cualquier época”.

Por último precisa que “la condición de víctima de desplazamiento se acreditará según certificación expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctima”.