Fuente: Oficina de Información Prensa

Bogotá, D.C., 4 de mayo de 2018 Veinte años después de la masacre perpetrada por las autodefensas en el corregimiento de Caño Jabón, Meta, aún no existen las condiciones de seguridad necesarias que permitan que las víctimas desplazadas puedan retornar a sus territorios, por cuanto todavía hay presencia de grupos ilegales en esa zona.

Así lo aseguró el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, al intervenir en la audiencia pública organizada por el representante Alirio Uribe Muñoz, en la que se les brindó un sentido homenaje a las víctimas de ese execrable crimen, que tuvo lugar en la tarde del pasado 4 de mayo de 1998.

El legislador Uribe y Calero coincidieron en manifestar que si las autoridades hubiesen atendido las alertas tempranas lanzadas por la Defensoría del Pueblo en las que se informaba sobre el peligro de una incursión de grupos ilegales al corregimiento de Caño Jabón, la masacre se había podido evitar.

“En varias ocasiones se presentaron las alertas tempranas. Una de ellas se expidió en enero de 1998, cuatro meses antes de la masacre. La misma población informó a las autoridades de la presencia de las autodefensas”, comentó el representante. 

Precisamente por esa negligencia, el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una indemnización a los familiares de por los menos 20 de las víctimas de ese atroz crimen.

Para el congresista,  “la masacre de Puerto Alvira- Caño Jabón, que es un crimen de lesa humanidad, no fue un hecho aislado, sino una estrategia en masa para atemorizar a las comunidades, por cuanto se produjeron en el país más de 2.000 masacres, que originaron 7,5 millones de desplazados. Fue una estrategia de despojo de tierras”.

Para el legislador,  en los últimos años han bajado los índices de violencia en el país. “Por eso hoy debo reconocer que la situación de derechos humanos ha mejorado”, dijo.

“Dos décadas después de ese terrible hecho, las  victimas siguen reclamando verdad, justicia, reparación y no repetición”, reclamó Uribe.

En desarrollo de la audiencia, participó el sacerdote Ernesto Díaz, quien para el día de la inmolación era el párroco de ese corregimiento y se dolió por las palabras pronunciadas en esa misma fecha por los altos mandos militares de la época.

“El mismo 4 de mayo, a eso de las 11 de la noche, pocas horas después de la masacre, el general Tapias dijo por los noticieros de televisión al ser preguntado sobre la masacre: ’Eso eran dos bandas peleando allí por la cocaína´. Cómo me va a tratar a mí de narcotraficante”, expresó el sacerdote.

El religioso recordó que en esa fatídica fecha llovía en Caño Jabón, como un presagio de la tragedia. “Acabábamos de almorzar cuando hicieron su aparición más de 200 uniformados, que llegaron disparando fusiles, bombas e insultos.  Mi sobrino, que en esa época era un niño, dijo en su inocencia, llegaron los soldados.  Me di cuenta que no era así, por cuanto calzaban botas de caucho”.