La Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes debatió y aprobó importantes Proyectos de Ley en la jornada legislativa que cierra el mes de mayo. Por un lado, fue aprobado en primer debate la prescripción legal que da forma a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en materia de consumo de medios sociales de comunicación. Por el otro, se puso sobre la palestra de debate público una proposición de archivo de la iniciativa legal que busca regular la práctica policial.

En cuanto al proyecto de Ley 600 de 2021, de protección infantil, su ponente la representante conservadora Adriana Magaly Matiz Vargas argumentó a favor de la ponencia en estos términos: “El proyecto, acata el exhorto de la Corte Constitucional al Congreso sobre la responsabilidad que le asiste a los medios de comunicación para con niños, niñas y adolescentes como consecuencia del incumplimiento de los deberes contenidos en  los numerales 5, 6, 7, 8 del artículo 47 de la Ley 1098 del año 2006. Con esta iniciativa se generan unos mecanismos que le permiten al Estado colombiano y a la sociedad ejercer la defensa de los derechos de la niñez, la infancia y la adolescencia, sobre los medios y los proveedores de servicio de internet, no adopten contenidos que pueden ser nocivos”, para esta población.

Tomando posición a favor la representante por el Tolima expuso el carácter perentorio de la iniciativa en el marco del actual contexto del uso de internet. Expresó que: “Este es un proyecto necesario por cuanto se ha generado un aumento en el uso de redes de telecomunicaciones teniendo en cuenta que a través de ese medio los niños y niñas han seguido realizando sus labores educativas y recreacionales”. Y añadió que existen tres tipologías de riesgo en internet: riesgo de los contenidos a los que se exponen los infantes, riesgo de entrar en contacto con adultos y un riesgo conductual, en razón del que puede estar expuesto, tanto a los contenidos, como al contacto.

El articulado del proyecto, se propone prescribir tanto los catálogos de contenido a los que es lícito que los niños estén expuestos, la creación de una comisión de expertos que se entienda con los tópicos que pueden consumir los ciudadanos en minoría de edad y especifique los contenidos; así como las responsabilidades que le caben a los medios en caso de incurrir negativamente, en una práctica prevista por la ley.

El proyecto no estuvo exento de controversias. La representante Ángela María Robledo Gómez, citando documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comentó que todo niño tendrá derecho a la libertad de expresión por cualquier medio y que: “Tal ejercicio puede estar sujeto a ciertas restricciones en el marco de los derechos”. Según Robledo esa referencia por parte de la CIDH señala un sujeto activo que busca y produce información.

Gabriel Santos García, representante del Centro Democrático por Bogotá, se manifestó en contra de las restricciones a la libertad de expresión que un proyecto como éste podría implicar del cual dijo que: “Es un proyecto loable, pero innecesario, en la forma que está estructurado”, y se preguntó: “¿Cómo podríamos extraer de la iniciativa aquellos andamiajes que pudiesen limitar la libertad de opinión y de prensa?”.

El representante conservador por Cundinamarca Buenaventura León León, señaló que: “Como lo hemos reconocido acá, hay que partir de la base que la libertad de expresión, no es un derecho absoluto y mucho más cuando se trata de los derechos de los niños y de las niñas amparados por la norma constitucional”. Según León el proyecto debe ser mejorado para segundo debate en cuanto a la regulación de medios de comunicación: mensajes publicitarios, exposición a contenidos violentos, diferenciación entre realidad y ficción, medio con una mayor pedagogía y mejores contenidos.

Solo uno de los artículos, más precisamente el 21, fue eliminado del proyecto, a raíz del argumento negativo que presentó el representante de Cambio Radical por Bogotá, José Daniel López Jiménez, Para éste, de haber persistido tal punto de la iniciativa: “Una autoridad administrativa podría decidir sobre la inconveniencia de los contenidos periodísticos y los medios de comunicación. El artículo 21 es ni más ni menos que, darle al Gobierno la facultad de censurar medios de comunicación, según criterios subjetivos”.

A la postre la especificación o creación de una autoridad administrativa que se entienda con la prohibición o suspensión los contenidos, quedó rezagada de la iniciativa.

Por otro lado, fue puesto para el examen de la Comisión el proyecto de Ley 411 de 2020, de iniciativa del representante verde por Bogotá Inty Asprilla Reyes, que busca reformar a la institución policial y que fue presentado desde el 11 de septiembre de 2020. Esta empresa legislativa busca prescribir algunas normas para la prevención y sanción de los abusos de la autoridad policial.

Sin embargo, la discusión solo alcanzó a poner bajo la lupa la proposición de archivo del representante conservador por Bogotá Juan Carlos Wills Ospina. Al respecto éste dijo que: “Es necesario trabajar sobre una reforma a la Policía, ésta necesita ser transformada, capacitada, que se forme, se profesionalice”. Para Wills muchas de las normas que se dictan en esta iniciativa ya se encuentran consignadas en otros textos legales, como el Código de Policía que, habla no de maniobras de estrangulamiento o uso de armas sino de las prescripciones que cargan sobre conductas que pueden ser analizadas como lesiones personales o hasta el propio homicidio.

El final de la sesión de la legislativa fue dedicado a debatir la conveniencia o no de archivar un proyecto de Ley que para algunos toma relevancia en el actual contexto de manifestaciones de descontento político que atraviesa el País.

Fuente: Oficina de Prensa Cámara de Representantes