Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley No. 423 de 2021 Senado - No. 595 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, realizaron hoy las Comisiones Primeras Conjuntas, relacionada con la titularidad de la potestad disciplinaria y funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación.

El senador Fabio Raúl Amín Saleme, coordinador ponente de la iniciativa, asumió la presidencia de la sesión de la comisión conjunta, concediendo el uso de la palabra a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, autora del proyecto de Ley de la referencia, quien señaló sobre la iniciativa que: “Tiene como motivo fundamental la recomendación otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la Sentencia del 8 de julio de 2020, recomendación que como respeto que tenemos a las autoridades internacionales, por la introducción de la convencionalidad en el Artículo 93 de nuestra Carta Política debemos acatar de la manera más afable y de la manera más adecuada”,… “debo excusarme por haber solicitado al Presidente una petición de urgencia de este proyecto”…

Continúo diciendo la jefa del Ministerio Público, que: “Hoy se nos impone de una manera ineludible, el reto de cumplir con los estándares internacionales y no solo de respeto por los derechos humanos, sino también los estándares que, convenciones de la ONU y OEA, nos imponen la necesidad de luchar y tratar de salir de la gran y alta corrupción que se presenta en nuestro pueblo Colombiano…, tratamos de presentar un proyecto de Ley de reforma a la Ley 1952 Código General Disciplinario, que incluya esas recomendaciones de la Corte Interamericana,  pero que también corrijamos los posible errores…, y evitemos el alto porcentaje de procesos que podrían quedar prescritos o caducados si entrara en vigencia la Ley 1952”…

Acto seguido, intervino el exprocurador Jaime Bernal Cuellar, diciendo:… “Mi propuesta o iniciativa, es simplemente que se debe fortalecer la Procuraduría General de la Nación y consecuencialmente se debe fortalecer el régimen disciplinario, sin limitar o cercenar ninguna función a la Procuraduría, …porque ha tomado fuerza el régimen disciplinario; primero como presupuesto para poder desarrollar adecuadamente  el Artículo 2 y 122 de la Constitución que se refiere a las funciones de todo servidor público, y la correspondiente responsabilidad por el ejercicio de esas funciones. En segundo lugar, la Constitución del 91, indica unas finalidades con el Régimen Disciplinario, construir la ética pública, que es trascendental en este momento en Colombia, porque uno de los grandes problemas, desafortunadamente, es que no existe una verdadera ética del servidor público”… 

Igualmente, participó Oscar Villegas Garzón abogado y profesor de la Universidades Libre y del Caribe, quien se refirió a elementos generales del proyecto de Ley, relacionadas con funciones jurisdiccionales, culpa, garantías, notificaciones, oportunidad para interponer recursos, doble instancia, revocatoria directa, entre otros temas. Por otro lado, se pronunció Fernando Rodríguez Castro, presidente del Instituto Colombiano del Derecho Disciplinario, manifestando que: “Estamos de acuerdo en forma general, con el proyecto que se presenta por parte de la Señora Procuradora, que entendemos la necesidad para ajustar la normativa interna a lo solicitado por los instrumentos internacionales; pero además, porque también es la oportunidad de hacer unas correcciones que traía la Ley 1952”…

Entre tanto por el Colegio Nacional de Abogados Disciplinalistas, participó David Roa Salguero, señalando:… “El control disciplinario, a quienes ejercen esas funciones jurisdiccionales al interior de la Procuraduría no puede quedar en manos de sus superiores o del mismo Procurador General de la Nación, sino que por el hecho de ejercer funciones jurisdiccionales estaría a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por virtud a lo establecido en los Artículos 239 y 240 de la Ley 1952”…

 Por su parte el profesor de la Universidad EAFIT Esteban Hoyos, dijo: “El corazón de la propuesta, es que la Procuraduría mantenga su función de vigilar y sancionar a los funcionarios de elección popular, pero y esto es muy importante; además, en el contexto del proyecto, se eleva esa tarea de vigilancia y sanción a los funcionarios de elección popular a la categoría de función jurisdiccional, es decir que la Procuraduría actúe como un Juez en este tipo de casos. El proyecto reconoce, creo que con razón esa atribución de funciones jurisdicciones a la Procuraduría… pero creo que eso no es suficiente, la pregunta es si, efectivamente se le da cumplimento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos…yo creo que no es así”…

Ernesto Espinosa Jiménez, miembro del Colegio de Abogados Disciplinaristas señaló que: “Si entendemos que lo que se quiere, es brindar de garantías el proceso, estamos de acuerdo con las funciones jurisdiccionales… acá hay que llenar de garantías al proceso, si se le da funciones jurisdiccionales a la Procuraduría”… Entre tanto Rafael Barrios, quien fuera el abogado del exalcalde Gustavo Petro, hoy Senador en el caso del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló sobre esa decisión: “Es una sentencia de obligatorio cumplimiento… porque lo que se quiere en el fondo, son las garantías de no repetición, que esto no vuelva a ocurrir en Colombia, que un funcionario administrativo sancioné a un servidor público de elección popular por 15 o 16 años”…

El abogado Carlos Rodríguez consultor, profesor universitario también abogado en el mismo caso del senador Gustavo Petro, señaló que:… “La sentencia de la Corte como ya lo dijo mi colega Barrios, es una sentencia obligatoria, si ustedes revisan la Convención Americana, que hace parte de la Constitución, artículos 67 y 68 dicen, que es inapelable y que los Estados se comprometen, se obligan a cumplir sus decisiones”…

En su orden continuaron participando en la audiencia, Héctor Ferrer Leal del Colegio de Abogados Disciplinaristas, Héctor Riveros miembro del Instituto de Pensamiento Liberal, nuevamente Jaime Bernal Cuellar, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Asís, el viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau, el abogado Gustavo García, y el exsenador Héctor Elí Rojas, quienes plantearon diferentes posiciones sobre el proyecto de Ley No. 423 de 2021 Senado - No. 595 de 2021 Cámara: “Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”.

La audiencia fue cerrada, con una nueva intervención de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quién puntualizó diciendo:… “Todos esos aportes los vamos a tener en cuenta y buscaremos el momento, que no va a ser otro, que en la elaboración de la ponencia y en las discusiones que ya vislumbra que van a ser importantes, y constructivas para poder justificarles argumentativamente nuestros planteamientos…, no es otra la intención de la Procuraduría General de la Nación, ninguna otra intención a que salga una buena Ley, a que se aumenten como dice la Corte Interamericana, las garantías…, somos conscientes del manejo de  la independencia, frente a los procuradores que tengan a su cargo el juzgamiento”…

Fuente: Oficina de Prensa Cámara de Representantes