La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en segundo debate, el Proyecto de Ley 155 de 2021 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley 298 de 2021, a través de los cuales se busca prohibir el uso de biopolímeros e incluir la extracción de estos en el Plan Obligatoria de Salud y brindarle a las víctimas acompañamiento psicosocial.

De convertirse en ley, la aplicación de sustancias modelantes (biopolímeros) pasará a ser un delito según el Código Penal, de tal manera que aquellas personas que inyecten este tipo de sustancias obtendrían penas de entre 20 y110 meses en prisión y multas entre los 100 y 200 SMLV.

En el caso de los profesionales de salud, la condena sería de entre 50 a 150 meses en prisión, multas que van desde los 200 a 300 SMLV y la inhabilidad del ejercicio de la profesión por 120 meses.

Por otro lado, las víctimas de estos procedimientos podrán obtener tratamientos psicológicos o psiquiátricos a través de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de los afectados. De igual forma, tanto las IPS como las EPS deberán incluir información sobre los riesgos que trae para la salud el uso de biopolímeros.

Otras de las medidas que contempla el proyecto incluyen, la realización de campañas pedagógicas sobre el uso de estas sustancias, un listado sobre las instituciones y profesionales habilitados para realizar procedimientos estéticos y la clausura de todos los establecimientos que realizan procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos que no cuenten con los permisos necesarios para desarrollar estas actividades.

Por su parte, el representante José Daniel López, agradeció la aprobación de este proyecto y recalco la importancia de la iniciativa al afirmar que “hay casos de personas que han perdido funciones vitales de su cuerpo como consecuencia de la aplicación de estas sustancias, incluso personas que han tenido situaciones desesperadas desde el punto de vista de salud mental.”

Durante la sesión también fue aprobado el informe de objeciones presidenciales al Proyecto de Ley 448 de 2020 Cámara - 473 de 2021 Senado, “Por medio del cual se modifica el decreto legislativo 491 de 2020”, el cual permite a las instituciones aumentar el periodo de respuesta de los derechos de petición. Al ser rechazadas las objeciones presidenciales, se busca normalizar los tiempos de respuesta, los cuales se vieron modificados debido a la pandemia.

También fueron aprobados los informes de conciliación de los Proyectos de Ley 452 de 2020 Cámara - 199 de 2021 Senado y 124 de 2020 Cámara - 481 de 2021 Senado, los cuales tuvieron como conciliadores a los representantes Enrique Cabrales Baquero y Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, respectivamente.

Fuente: Oficina de Prensa Cámara de Representantes

Comunicado de María Paula Carlos