La presente ley tiene por objeto reformar el código de procedimiento penal y el código general del proceso con el fin de establecer la comparecencia obligatoria, en calidad de peritos, de los tribunales de ética de las diferentes profesiones de las ciencias de la salud, en los procesos penales y de responsabilidad civil que se desarrollen contra los profesionales de las distintas áreas, en los cuales la acción penal o la demanda surja como consecuencia de su actuar profesional.