Esta iniciativa pretende consagrar como legislación permanente el Decreto 806 de 2020, “por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, con el fin de agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, de manera que la virtualidad sea la regla general en la prestación del servicio de justicia en todas las especialidades. Se fortalece, igualmente, el empleo de los medios electrónicos en todas las comunicaciones que se realicen entre usuarios y prestadores de servicios de Justicia.