La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho fundamental a la reunión y manifestación pública y pacífica consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política; regular su ejercicio; establecer sus elementos esenciales, principios, derechos, deberes y límites; determinar las obligaciones de las autoridades públicas para su garantía y protección; y fijar los mecanismos necesarios para armonizar su ejercicio con la protección de los derechos fundamentales de las demás personas, la convivencia ciudadana, el orden constitucional y la seguridad pública.