La presente ley pretende generar mecanismos de articulación entre el Estado y el sector privado que permitan la verdadera resocialización y reincorporación a la vida social y productiva de aquellas personas que por causa de condenas penales o procesos de reincorporación de grupos armados organizados son hoy población vulnerable. Mediante los presentes mandatos de ley se pretende reivindicar el rol de las penas y la función de individuos que ya cumplieron su deuda con la sociedad y que requieren del apoyo social para evitar la reincidencia. Asimismo, el cumplimiento de los fines de la pena en cuanto a resocialización permitirá alcanzar los principios de paz, dignidad humana, y la solidaridad de las personas como lo manda la Constitución Política.