Fuente: Oficina de Información y Prensa

Bogotá, D.C., 2 de mayo de 2018 Mientras los representantes Edward Rodríguez, Samuel Hoyos y Álvaro Hernán Prada insistieron en la Comisión Primera que la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los programas del proceso de paz fueron creados para no funcionar y para saquear los dineros públicos, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, reiteraron que las estrategias para el posconflicto están dando resultados y necesitan algunos ajustes.

Durante el debate de control político a las partidas para la JEP y otros programas de proceso de pacificación, que se cumplió en la Comisión Primera, el representante Edward Rodríguez reiteró que los magistrados de la JEP no llegaron “a hacer justicia sino a fomentar la corrupción. Se ve puro clientelismo y burocracia. La JEP fue creada para no funcionar y eso es nefasto para el país”.

“El proceso de paz se trata de más puestos y no de impartir justicia. En la JEP hay funcionarios que ganan más de $25 millones al mes y a otros 208 abogados su  ingreso supera los $9 millones”, explicó, tras señalar que “hay serios conflictos de intereses de los magistrados de la JEP, pues aplicaron lo de yo hago el acuerdo y también lo administro”. 

Por su parte, el también representante Samuel Hoyos dijo que “la paz está fracasando por el mal manejo de los recursos y las Farc siguen delinquiendo. Esos dineros se volvieron un fortín burocrático para los funcionarios y el Gobierno quiere tapar la olla podrida de la corrupción que es el verdadero atentado a la paz. Aquí las Farc siguen narcotraficando y la implementación tiene corrupción”.   

Más revelaciones

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, confirmó que se había descubierto “una cofradía para apropiarse de los dineros de la paz”, en la que participaban 12 integrantes liderados por Marlon Marín y que cobraban beneficios o coimas a partir de información privilegiada que compartían con algunos funcionarios.

El alto funcionario también comentó que Marín y los demás comprometidos alardeaban de cobrar solo el cinco por ciento de comisión y no el 11 o 14 por ciento  como los políticos tradicionales por sus coimas. Igual explicó que algunos de los contratos de vías terciarias fueron afectados por la acción de los corruptos.

Sin embargo, Martínez confirmó que gran parte de la contratación de los recursos de la paz no fue afectada por los corruptos y que sería un crimen que se quedaran con la plata de los desmovilizados y de los proyectos productivos.

Néstor Raúl Correa, secretario Ejecutivo saliente de la JEP, aclaró que nunca nombró a ningún magistrado ni funcionario de la nueva jurisdicción, que su gestión fue totalmente transparente y que invita a que se haga un gran acuerdo nacional por una justicia eficaz y consolidada en favor de toda la sociedad.    

Según el representante Harry González, la incorporación socioeconómica de los desmovilizados presenta retrasos y solo hay un proyecto productivo para 12.000 excombatientes.

“Es preocupante el tema de la erradicación voluntaria y que sean 1.400 los integrantes de las Farc en disidencia, porque esas fuerzas terminan afectando departamentos como Caquetá, Putumayo y Nariño, especialmente”, advirtió.

“Con la JEP se inventaron la fórmula de robarse la plata de los extranjeros, de la comunidad internacional. Todos estos problemas lo único que muestran es que hay una gran corrupción y burocracia”, sostuvo el legislador Álvaro Hernán Prada.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que era falso que el fiscal de la JEP lo elijan los magistrados y que el Gobierno no puede responder por decisiones administrativas de esa novedosa jurisdicción. 

A juicio de Rodrigo Rivera, alto Comisionado para la paz, la implementación del proceso de paz no se puede detener y prueba de ello es que de 500 indicadores que se tienen para hacerles seguimiento, 451 ya están en marcha.

Rivera aceptó que con la JEP hay dificultades y que debe tener más celeridad, pero insistió en que los desmovilizados de las Farc, que aplicaron a esa justicia extraordinaria deben decir la verdad y reparar a las víctimas.

En opinión de Alfonso Prada, secretario General de la Presidencia de la República, “es equivocado decir que el proceso de paz está fracasando”.