Fuente: Oficina de Información y Prensa  

Bogotá, D.C., mayo 2018. Así lo confirmaron los representantes Angélica Lozano y Harry González, durante la audiencia pública sobre la mencionada iniciativa, que se realizó en el Salón de la Constitución, del Capitolio Nacional. 

“El proyecto de ley busca facilitar que cuando se haga el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Concejo de cada municipio, las entidades nacionales y la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de Minería, brinden la información para que se pueda planear el desarrollo del territorio, porque hoy los concejos están a ciegas y luego les llegan las licencias”, explicó Lozano, tras reafirmar que la nueva propuesta será enriquecida con las sugerencias hechas durante la audiencia. 

“Es hablando como vamos a encontrar las soluciones del país”, recalcó la congresista, tras recordar que “en nuestro país hay una tensión intensa entre los municipios y los organismos nacionales, pues los municipios reciben con sorpresa unas licencias que muchas veces no estimaron bien el impacto ambiental, cultural, ecológico, en la agricultura de los municipios”. 

El representante Harry González precisó que el proyecto no terminará su trámite en esta legislatura. “El 20 de julio vamos a radicar un nuevo proyecto con Angélica Lozano. Vamos a convocar a distintas bancadas a que nos acompañen y podamos tener en cuenta todas las observaciones e incidencias que presentaron tanto las organizaciones sociales, las empresas de minería y petróleo en Colombia y el Gobierno Nacional”.

Cabe recordar el proyecto sobre concertación minera que será retirado, se encuentra en trámite en la Comisión Primera de la Cámara. 

La audiencia

Durante la audiencia pública frente al proyecto que plantea concertación en temas mineros y de hidrocarburos entre las autoridades y ciudadanos de los niveles municipales y nacionales, Parmenio Rivera, alcalde de Socha, Boyacá, dijo que la minería debe hacerse bien, que preserve los recursos naturales renovables y que el principal objetivo sea la preservación de los recursos hídricos y la preservación de los afluentes.

“Respaldamos este proyecto para que los municipios sean tenidos en cuenta para tomar estas decisiones, dijo Edgar Cuadrado, alcalde de Sáchica

Cuadrado sostuvo que respalda “a las autoridades del orden nacional para que acompañen una minería limpia y tecnificada, porque es importante que nos reunamos todos para defender nuestros recursos naturales”. 

César Díaz, de la Federación Colombiana de Municipios, señaló que la minería en algunas regiones viene generando desarrollo, pero en otras todavía provoca temor.

La abogada de Tierra Digna, Rosa Peña, dijo que el proyecto tiene buenas intenciones, pero se deben tener en cuenta algunos aspectos, porque el gobierno sigue teniendo fallas en el tema de participación ciudadana y sigue aprobando proyectos que no permiten que la ciudadanía intervenga.

Juliana Peña, coordinadora inclusión social de Foro Nacional por Colombia, hizo un llamado a la necesidad de buscar las estrategias que incorporen a las conectividades territoriales en la toma de decisiones

Más participación

A nombre de DeJusticia, intervino Helena Durán, quien insistió en apoyar una participación de la comunidad y de las autoridades locales en la toma de decisiones en temas mineros y energéticos.

“Lo que trata de hacer este proyecto es crear un mecanismo nacional para llegar a concertaciones y además construye sobre la institucionalidad existente, según Diana Rodríguez, también de DeJusticia.

María Mercedes Mesa, de la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá, señaló que “el tipo de concertación que se realiza ‘a escondidas’ es inconstitucional y la concertación que vivimos en el territorio no corresponde a lo que se ha hablado anteriormente. Es quitarnos la ley de participación”.

El llamado es a no dejar desaparecer los mecanismos de participación ciudadana, según Freddy Cubillos, personero municipal de Une, Cundinamarca.

Para Renzo García, líder ambiental, pareciera que aquí lo que es necesario es seguir imponiendo un modelo de desarrollo minero-energético en contra de los intereses sociales.

“El proyecto tiene un error, en el sentido de que no le da suficiente información a las comunidades de los impactos que pueden generar esos emprendimientos”, sostuvo García.