La presente ley tiene por objeto fortalecer los mecanismos administrativos, judiciales y penales de protección del derecho de propiedad privada y de la posesión regular sobre bienes inmuebles urbanos y rurales frente a su ocupación de hecho, invasión o usurpación, mediante la modificación de la Ley 1801 de 2016, la Ley 599 de 2000, la Ley 1564 de 2012 y la Ley 1952 de 2019, estableciendo plazos perentorios, preservando las garantías del debido proceso y fijando la responsabilidad institucional correspondiente, sin perjuicio de las obligaciones del Estado en materia de vivienda digna respecto de los sujetos de especial protección constitucional.