Debe indicarse que lo que se pretende con la reforma propuesta no es la creación de un nuevo delito, ni la simple agravación punitiva para el delito existente, sino, por el contrario, se busca tornar aplicable una norma para contrarrestar el flagelo social de la publicidad engañosa frente al cual la sanción administrativa se muestra insuficiente y la penal bastante deficiente.