Esta fue una de las conclusiones del debate de control político en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, sobre la violencia política que se ha ejercido contra ellas.

Bogotá, 1 de octubre de 2025 (Prensa Cámara). Pese a que las mujeres han alcanzado espacios de participación en todos los campos y en la política, donde ocupan el 28% de las curules del Congreso de la República, la violencia es el principal obstáculo que afrontan, más cuando se acerca una contienda electoral, aseguró la presidenta de la comisión, la Representante Marelene Castillo, quien reiteró la necesidad de que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, desarrolle un reglamento para castigar estas agresiones.

El evento que se cumplió en el salón, Luis Carlos Galán del congreso, se dieron a conocer cifras preocupantes con relación al incremento de las denuncias por parte de las afectadas por partidos políticos en las pasadas contiendas electorales de 2022, donde el 71 % de las candidatas sufrieron agresiones a través de las redes sociales, un 32 % fueron objeto de acoso sexual; además del registro de 11 atentados, dos secuestros y 5 asesinatos de lideresas políticas.

También se revelaron otras cifras como los departamentos donde se registraron más hechos violentos para el ejercicio político de mujeres como: Cauca, Cesar, Bolívar, Guaviare, Córdoba, Chocó y Magdalena.

Las campañas a través de redes sociales y medios de comunicación como también la obstaculización de las campañas y en ejercicio en cargos de elección, son otros aspectos que entorpecen el libre ejercicio de uno de los derechos fundamentales de las mujeres.

Por su parte la vicepresidenta de la comisión, la senadora Norma Hurtado del partido de la U, indicó que en el presente año se han denunciado 18 hechos violentos, detallando que corresponden a 11 amenazas de muerte, 4 secuestros y 3 asesinatos según los datos revelados por la Misión de Observación Electoral MOE.

Las entidades encargadas de apoyar la no violencia contra la mujer, señaló la representante independiente, Marlene Castillo, que a la fecha no se ha implementado el artículo 9ª de la Ley 2453 de 2024, donde se establece la no violencia contra la mujer, cuya responsabilidad de cumplimiento y reglamentación es de las entidades del gobierno como el Ministerio de Justica , quien señala que no dispone de recursos como también el Min-Igualdad, mientras el Departamento Nacional de Estadística DANE , no cuenta con en sus operaciones estadísticas , mediciones específicas de violencia política contra la mujer y el Ministerio del Interior no ha entregado informe estadístico de implementación de la citada norma.

Otros datos que fueron expuestos en el evento, se refieren al volumen de los hechos atentatorios por partidos políticos en el desarrollo de las elecciones entre los años 2022 al 2025, donde Cambio Radical denunció ocho casos, el partido conservador nueve, la U 12, Liberal 14, Verde 14, Polo Democrático 15, funcionarios sin partido 17, Centro Democrático 18 , MAIS 19 y Coalición 43.

Finalmente dentro de las conclusiones se destaca que, la violencia contra las mujeres que ejercen la política, persiste y se agudiza más en las zonas rurales, pues no hay seguridad ni garantías para que el Estado articule con la sociedad civil medidas colectivas con enfoque diferencial como también la falta de respuesta por parte de las entidades o respuestas tardías que reflejan la ausencia de compromiso con la protección de las mujeres que ejercen la política.  Lo más preocupante, reseña el balance presentado por la Comisión de Equidad de la Mujer, es que el Congreso no cuenta con un protocolo para prevenir y atender la violencia política y es importante diseñarlo para garantizar un ambiente político seguro y más en este año pre electoral.

Fuente: Ricardo Cáceres Acosta – Periodista Oficina de Información y Prensa